Reflexiones sobre las reflexiones.

Planteamientos sobre la Autonomía de los Centros Docentes de Titularidad Pública.

Reflexiones sobre las reflexiones.

Quiero comenzar mi participación en este blog, llamando la atención sobre el planteamiento de salida de este documento que, según parece, va a ser la base sobre la que se van a diseñar las escuelas futuras. Me refiero al apartado “Reflexiones sobre la autonomía”, un texto cerrado sobre el cual no se nos ha pedido opinión, y que sin embargo, da por sentado una serie de circunstancias que desde mi punto de vista, no son del todo ciertas, y en cualquier caso son discutibles. En la segunda parte del documento “Propuestas a debate”, sí se nos convoca a proponer y debatir sobre las reflexiones inicialmente expuestas, dando por sentado que estos planteamientos de salida nos satisfacen a todos. La segunda parte del documento, ofrece la posibilidad de debatir y participar sobre nuestro futuro como docentes y el de las escuelas, sin embargo, bajo esta apariencia demócrata y dialogante, las “Reflexiones sobre la autonomía” muestran unos planteamientos estratégicos predeterminados sobre los cuales no es posible debatir. Me interesa señalar que la presentación de “Propuestas a debate” concretas, supone por nuestra parte la aceptación implícita de las “Reflexiones sobre la autonomía”, y es aquí donde apunto mis razones contra este documento:

Primer apunte:

En el punto 2 de la primera parte “Reflexiones sobre la autonomía” leemos el siguiente párrafo:

…“en un centro intervienen actores que, individual y colectivamente, son sujeto de derechos que, en todo caso, hay que preservar. El caso más relevante, por su condición de personal funcionario regulado por norma básica (Estatuto Básico del Empleado Público), el del profesorado. Pero no es infrecuente en este preciso caso confundir rutinas, procedimientos de antiguo cuyo soporte normativo no está claro o, de existir, está sujeto a cambio, con derechos positivos acreditables.”

(Señalo en negrita la parte del párrafo sobre la que llamó más atención)

El texto continúa hablando de la conveniencia de establecer límites entre los verdaderos derechos de los profesores y aquellas situaciones de abuso que, según este documento, se dan con frecuencia.

Quiero dejar claro que no podemos aceptar que el abuso o la laxitud en el trabajo de unos pocos quede reflejado como algo común en el profesorado, y más en un documento que pretende ser análisis y reflexión de cara al futuro de la situación actual de la Educación. Creo que ya existen mediadas que pueden ser aplicadas con carácter puntual en aquellos casos en los que existan negligencias. Me preocupa que desde la administración se dé por válida la idea de que “los profesores son unos vagos”, pero más me preocupa que esto pueda ser una excusa para recortar los derechos de maestros y profesores. 

Segundo apunte:

En el punto 4 “El punto de partida: una tradición centralizada y centralista”, se denuncia una situación, heredada de antiguo, de excesiva burocracia y rigidez en la Administración y en la Comunidad Educativa en general. Acto seguido incide en el aspecto de que el docente disfruta de libertad ilimitada una vez que ha cruzado la puerta del aula. En este caso vuelve a incidirse en la necesidad de establecer controles para la práctica docente, reclamando la necesidad de una mayor vigilancia en cuanto al cumplimiento de nuestro trabajo diario. Se vuelve a dar por hecho que existe una corrupción generalizada en el cuerpo de docentes. Vuelvo a reclamar la atención sobre este punto para solicitar la NO aceptación de este hecho, que debe perseguirse y castigarse con los medios que ya existen, en los casos que lo requieran.   

Tercer apunte:

En mismo punto 4 “El punto de partida: una tradición centralizada y centralista”, se habla de la renuencia (hacer la vista gorda para no tener que actuar) de los directores de los centros a tomar decisiones sancionadoras o punitivas contra aquellos docentes que incumplen con sus obligaciones. Según este documento esto sucede porque el cuerpo de directores está compuesto de docentes, que son compañeros nuestros en el trabajo diario. Esto enlaza con el punto 6 de la parte 5.3 Autonomía de Gestión en el que se cita textualmente:

…“de la necesaria revisión del sistema de selección y formación de directores y directoras (y de los equipos directivos en su conjunto), así como de sus atribuciones y los tiempo de mandato y la evaluación de su práctica, cabría pensar en cómo los Planes de Inspección y su desempeño real se orientan a facilitar ‐sin renuncia a las obligadas tareas de supervisión‐ el ejercicio de la autonomía.”

Esto me plantea varias preguntas:

a)      ¿Significa esto que el perfil profesional de los equipos directivos cambiará hacia perfiles más parecidos al de gestores empresariales, o incluso al del cuerpo de inspectores?

b)      ¿Insinúa este documento la intención de dividir en dos al equipo docente, creando por un lado un equipo docente (el que daría las clases) y por otro lado un equipo gestor (el que controlaría y administraría el correcto funcionamiento del Centro)?

Esta desvinculación de la práctica docente con la gestora distanciaría a los dos equipos, produciéndose situaciones de falta de contacto con los problemas reales dentro de las aulas. El equipo directivo dedicaría su esfuerzo a “sacar adelante las cuentas”, perdiendo la perspectiva real del que es el verdadero objeto de nuestro trabajo: la formación y la educación de los alumnos, y el día a día en la relación alumno-docente.

Cuarto apunte:

Siguiendo en el punto 5.3 Autonomía de Gestión se apunta la dirección en la que se desarrollará la idea de “Autonomía”. En dos campos principales:

a)      “Ampliar los procedimientos para la obtención de recursos económicos adicionales”…

b)      “Decidir el perfil (profesional) de una parte de los recursos personales”.

La vía de la ampliación de procedimientos para la obtención de recursos económicos me preocupa, ya que puede representar un primer paso hacia la privatización de la Educación. Esto podría implicar la supeditación del sistema educativo a los intereses partidistas de algunas empresas financiadoras, lo que puede derivar en la pérdida de unos objetivos educativos y formativos plurales, para satisfacer unos intereses empresariales particulares y cortoplacistas.  Llamo la atención en este punto porque creo que no existirá “Autonomía”, si los centros educativos pasan a depender del dinero de manos interesadas.

Sobre al punto b, la decisión en la selección del perfil profesional de parte del personal. Ignoro a qué parte del personal se refiere, pero opino que se debe tener especial cuidado para que este “campo de crecimiento posible para la Autonomía” no derive en situaciones de selección arbitrarias que puedan servir para la colocación “a dedo” de los amigos de estos renovados equipos directivos.

Quinto apunte:

En el punto 5.4 Autonomía para planificar y desarrollar la mejora de los centros docentes y el crecimiento profesional de los docentes se establece la obligatoriedad de la formación permanente del personal docente. Estas actividades de formación permanente vendrían determinadas por las necesidades de los centros así como su gestión (horarios, contenidos, etc.).

Quiero señalar que creo que es responsabilidad de cada docente la actualización de sus conocimientos, y que la mayor parte de los docentes somos conscientes de la evolución de las tecnologías y de cómo esto afecta al aprendizaje y a la práctica de los distintos oficios. Este documento vuelve a poner en duda la dedicación y la ética profesional de este colectivo, y cuestiona nuestras capacidades para la enseñanza. Se vuelve a convertir la excepción en norma, “aprovechando” casos aislados para crear una obligatoriedad que nos afectará a todos.

Sexto apunte:

En el punto 7, “El papel de los compromisos singulares”, surge una nueva figura de “contrato” entre centros y administraciones para conseguir financiación a través del desarrollo de programas para mejorar el éxito de alumnado. Dice además que “los compromisos singulares deben jugar un papel relevante en el desempeño de la gestión autónoma de los centros”. Una vez más me surgen dudas:

a)      ¿Hasta qué punto dependerá la financiación de los centros de estos contratos con la administración? (Observo que el texto dice que deben jugar un papel relevante).

b)      Si este sistema contractual deriva en una excesiva dependencia de estos fondos ¿no estaríamos poniendo en peligro el programa curricular predeterminado para dar prioridad a proyectos diseñados de forma forzada para la obtención de dichos fondos?

Espero que mi opinión ayude para, entre todos, crear un sistema más justo y satisfactorio para toda la Comunidad Educativa.

                                                                                                         

JAFD