Un coup de dés jamais n'abolira le hasard

Creo que quedó suficientemente clara mi postura ante el texto según lo que apunté en mi intervención en el pasado claustro: rechazo del texto por la sencilla razón de los términos en que se plantea, no solo por el hecho de no compartir el uso de las palabras que allí aparecen, sino por tratarse de una serie de dictámenes que en ningún caso parecen el fruto de una reflexión medianamente asentada que venga a resolver nuestro maltrecho sistema educativo. Pido disculpas si resulté vehemente en algún momento o si lo soy ahora.

Para que la partida pueda llegar a buen término los jugadores deben establecer unas reglas o pautas acordadas de antemano – algo así como el número de veces que lanzará los dados cada uno en su turno-, en nuestro caso los términos del debate. Como plantea Carlos en su jugosa intervención, el documento aparece, en efecto, contradictorio por fragmentario, falaz, sin justificación, un dogma. Tira tú una vez que ya tiraré yo dos.

Comento brevemente algunos aspectos que considero esenciales dentro de la articulación del documento.

1. Independientemente del punto de vista particular que finalmente se adopte a la hora de abordar el texto, cabe pensar cuales son aquellos bajo los cuales se pretende que este texto sea interpretado, esto es ¿Quiénes piensan ellos que leen este texto?

El primero de ellos corresponde a los equipos directivos, que ven la posibilidad rápida de solución ante problemas de diversa índole de los que los centros se ven aquejados. Seguido de la lectura que pueda hacer el conjunto del personal docente, funcionarios e interinos, que pueden observar el previsible cambio que supone la propuesta, desde cierto inmovilismo y/o pasividad achacable al desconocimiento de las causas y posibles efectos sobre su situación laboral o, por otro lado, la hasta el momento, incuestionable certeza de su estatus laboral. Cabe además señalar un tercer punto de vista, aquel que limita la visión de la cuestión considerándola únicamente desde el propio centro de trabajo y no en el conjunto del sistema educativo en todos sus niveles.

2. Sobre la cuestión de la aparentemente novedosa terminología no está demás señalar, como se apuntaba en el texto que anteriormente y de manera quizás un tanto desafortunada,  se colgó en este espacio, esta tiene un origen claro. Ese conjunto de palabras tales como eficacia, eficiencia, éxito, selección, rendimiento, calidad, servicio educativo, singular…, parece una suerte de grupos de vocablos conceptualmente homogéneos. Estos usos lingüísticos obedecen al acercamiento por parte de los responsables en materia educativa, con independencia del signo político, a los dictámenes de los diversos informes emitidos por la ofensiva liberalizadora del sector educativo del Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, que apuesta claramente por una concepción de la educación más individualista, competitiva y utilitaria, frente al llamado Informe Delors, de la UNESCO, impulsor de una concepción más emancipadora de la educación, a la que finalmente se le ha ganado terreno.

3. Ya que parecemos conminados al uso inexcusable de nuestra autonomía, esta más bien parece heteronomía, como su justo contrario, aquella que establece la distinción entre quien dicta la norma de conducta y aquel que se limita a realizarla. Autonomía supone una capacidad para formular y realizar, a la vez, decisiones justas. El principio de autonomía es una condición indispensable para llevar a buen término la labor docente, junto a otras claves fundamentales de la educación (individualización, socialización, creatividad, participación…).

Por último poco me queda más que añadir cuanto más si el proceso parece ya imparable. Habrá quien observe esto con benevolencia, como un nuevo intento por salvar los restos del naufragio, pero no, que no quieran hacerme comulgar con ruedas de molino. Seamos eficientes para ser eficaces. Sea de ello lo que quiera. No me entretengo más. En el claustro nos vemos.

No puedo resistirme a incluir de nuevo, como colofón a este entretenido debate, otro texto de Rosa Cañadell.

¿POR QUÉ LO LLAMAN AUTONOMÍA CUANDO QUIEREN DECIR CONTROL?

El Viejo Topo, nº 266, marzo 2010 

Parece que la educación de este país no levanta cabeza, al menos esto dicen los indicadores PISA y otros. Es cierto que algo anda mal en nuestras escuelas, pero no tanto por lo que dicen las estadísticas (que, como todos sabemos, miden lo que interesa y se interpretan según conviene) sino por el malestar que va en aumento, sobre todo entre el profesorado.

Pero lo más preocupante es lo que está por venir. Ante los informes negativos, nuestras autoridades educativas parecen haber encontrado el remedio ideal: LA AUTONOMÍA DE CENTRO. O sea, el cambio en la gestión de los centros públicos. Nada nuevo, de hecho hace ya tiempo que la ofensiva neoliberal en educación (léase recomendaciones del BM, OMC, UE, OCDE) están tratando de imponer un catecismo a lo largo y ancho de este mundo global. El “pack” en cuestión se está imponiendo por igual en la educación pública de Cataluña, Andalucía, Nicaragua, Gran Bretaña, Argentina, Chile, Bélgica… y un largo etcétera, y consiste en cuatro medidas básicas: Autonomía de centro, direcciones profesionalizadas, evaluación e incentivos por resultados. Todas ellas tomadas directamente de la filosofía empresarial y aplicadas ahora a los centros educativos. 

Pero ni la escuela es una empresa, ni estas medidas han supuesto mejoras en la educación allá donde se han aplicado. Lo que tampoco es de extrañar, ya que el objetivo real no es mejorar la educación. El objetivo real es disminuir la responsabilidad del Estado, aumentar la gestión privada del dinero público, flexibilizar las condiciones laborales de los docentes y controlar los resultados. Se trata de abrir los centros educativos dentro del “mercado” para que los padres y madres puedan elegir a su gusto, y para ello hay que fraccionar el sistema público, estimular la competencia entre los centros y hacer muchos rankings de resultados. Se trata también de controlar, no sólo a los trabajadores, sino también a los curriculums, los contenidos y los procesos educativos para que sean adecuados a las necesidades de las empresas. O sea, todo lo contrario a la verdadera autonomía escolar.

 La autonomía en los centros escolares no es ninguna novedad, sino una vieja práctica del profesorado que, más allá de las directrices oficiales, ha buscado siempre nuevas estrategias docentes para adaptarse a las necesidades del alumnado, siempre diverso y distinto. Tampoco es nuevo el Proyecto de Centro que ahora se vincula con la nueva autonomía. La LOGSE, en el 1985 ya introdujo la obligación de todos los centros de elaborar un Proyecto educativo y un Proyecto curricular. Estos proyectos se elaboraron con la participación de todo el profesorado y con la participación de la comunidad educativa. La diferencia es que ahora los Proyectos de Centro vendrán determinados por los Proyectos de Dirección, que no han sido ni elaborados ni aprobados por el profesorado. En definitiva, la autonomía hace tiempo que se practica en los centros educativos y los proyectos hace años que se inventaron.

¿Por qué ahora se resucita todo ello? ¿Cuál es la novedad? La novedad es que bajo el anuncio de la autonomía se esconde lo que realmente se pretende implementar: la jerarquización de las relaciones dentro del centro, la potenciación de la figura del director/a como jefe de personal, la consecución de más recursos ligados a “mejores proyectos y mejores resultados”, la evaluación de todo y de todos y una carrera docente del profesorado (léase condiciones de trabajo) ligada a los resultados del alumnado. Nada de ello resuelve los problemas que se viven en los centros escolares. Lo  que el profesorado lleva tiempo reivindicando es que la Administración le proporcione los recursos necesarios para poder llevar a la práctica lo que colectivamente han decidido: profesorado suficiente para atender las nuevas necesidades (inmigración, conductas disruptivas, integración, retrasos escolares, etc.), menos alumnos por aula en los centros con alumnos que tienen muchas dificultades, más profesionales para atender a nuevos problemas sociales, psicológicos o culturares, tiempo suficiente para coordinarse y reflexionar conjuntamente, formación adecuada para afrontar los nuevos retos, etc.

Lo que proponen nuestras administraciones educativas bajo el nombre de autonomía es muy distinto de lo que los centros necesitan e implica una nueva concepción de la educación pública, con consecuencias muy negativas. La primera es el desmantelamiento del “sistema público” entendido como un todo, pasando a considerar a cada uno de los centros educativos como una entidad aparte, a los que se les adjudicarán distintos recursos y profesorado en función del resultado escolar del alumnado. Ello implica la creación de centros públicos de distinta categoría: aquellos que tengan la suerte de tener un alumnado con pocas dificultades, tendrán mejores resultados y, por lo tanto más recursos, con lo que serán más atractivos para las familias más motivadas, y así se concentrará en unos centros el alumnado con más posibilidades y los mejores recursos. Con ello aumentará la fragmentación social entre los centros públicos que se sumará a la ya existente entre públicos y privados concertados, imposibilitando, cada vez más, la igualdad de oportunidades que todo servicio público tiene la obligación de ofrecer.

La segunda consecuencia es el fin de la democracia en la organización de los centros públicos que quedará en manos de la dirección, limitando la participación del profesorado en todas las decisiones, tanto pedagógicas, como organizativa, así como la de los padres y madres. Teniendo en cuenta que la educación es una tarea colectiva, en la que la participación y el trabajo en equipo son imprescindibles, otorgar excesivo poder en manos de una sola persona, no garantiza mejorar la docencia en el aula y puede crear muchos problemas: arbitrariedad, sumisión, imposición, etc., lo que implica limitar la pluralidad pedagógica e ideológica del profesorado, que es una de las riquezas de nuestros centros públicos. Para educar por y para la democracia hace falta poder ejercerla por parte de toda la comunidad educativa. Por otro lado, pretender mejorar los resultados escolares del alumnado a base de organizaciones jerárquicas o de incentivos individuales es un grave error y un esfuerzo inútil.

Por último, se pone en peligro la educación global, entendida como un conjunto de saberes, normas y valores: si lo que va a condicionar el salario del profesorado y el prestigio del centro son los resultados del alumnado a partir de las evaluaciones externas, toda la acción educativa acabará centrándose en preparar al alumnado para dichas pruebas. Se corre el riesgo, también, de que disminuya el interés para trabajar con el alumnado que tiene más dificultades, sean sociales, psicológicas o de aprendizaje, ya que este tipo de alumnos requiere mucho esfuerzo y pocos resultados, lo que pude implicar el progresivo abandono del sector más vulnerable del alumnado.

Todos los estudios han confirmado que la variable que más incide en los resultados escolares es el nivel socio-cultural de las familias y el tipo de dedicación que éstas dan a sus hijos e hijas. Un servicio público debería compensar el déficit de los centros y de los chicos y chicas que tienen más dificultades planificando más recursos, más profesorado, más formación, etc. y no traspasar su responsabilidad  al profesorado sancionándolo por los resultados de sus alumnos. Esto es no entender nada de cómo funciona la acción educativa.

Finalmente, quiero señalar que en este país “vamos” cuando otros ya “vuelven”. En Gran Bretaña,  uno de los países en que se implementó este tipo de organización hace años,  ya han constatado su fracaso: no solamente no consiguieron mejorar los resultados escolares sino que han tenido que cambiar su orientación a partir de las quejas de los padres y madres por el estrés a que estaban sometidos sus hijos como consecuencia de las múltiples evaluaciones y la presión del profesorado. Lo que sí consiguieron fue desmantelar el sistema público y aumentar las escuelas gueto en los barrios marginales. ¿Es esto lo que se proponen nuestras administraciones educativas? ¿Es esto lo que queremos para la educación de nuestros chicos y chicas? ¿Queremos una sociedad segregada? ¿No deberían unos gobiernos que se dicen de izquierda velar por la cohesión social y prevenir los conflictos que genera la marginación?

Rosa Cañadell.

Psicóloga. Profesora. Portavoz del sindicato USTEC·STEs